De Zapatero a Sánchez: cuando demasiadas casualidades apuntan al mismo sitio

España tiene una relación extraña con la corrupción. No porque exista, porque existe y ha existido prácticamente en todas partes. Sería infantil, o directamente deshonesto, fingir que la corrupción tiene unas siglas concretas y un carné de partido exclusivo. Ahí están décadas de historia política para demostrarlo. El PP tiene sus escándalos, nacionalistas de distintos colores han tenido los suyos, partidos pequeños han descubierto que la regeneración moral dura exactamente hasta que alguien toca poder y, en general, nuestro ecosistema político parece haber desarrollado una habilidad extraordinaria para convertir lo público en algo sospechosamente privado. Sería ridículo fingir lo contrario. Pero también empieza a resultar insoportable la trampa intelectual más rentable de la política española: el eterno «y tú más». Ese refugio automático que convierte cualquier escándalo presente en una excavación arqueológica destinada a encontrar algún cadáver político del rival. Como si el hecho de que alguien robara hace quince años convirtiera en menos grave lo que ocurre hoy. Como si la existencia de corrupción ajena funcionara como una indulgencia plenaria para la propia. Como si el pecado político se lavara por acumulación comparativa. Y no. No funciona así. Porque hay algo que la izquierda gubernamental parece olvidar con demasiada frecuencia: la corrupción no tiene ideología, pero la responsabilidad institucional sí tiene nombre y apellidos. Y quien gobierna hoy España se llama Pedro Sánchez y se llama PSOE.

Porque esa es la cuestión incómoda que algunos intentan esquivar. El PP no gobierna hoy. Aznar no gobierna hoy. Rajoy no gobierna hoy. Vox no gobierna hoy. Quien ocupa ministerios, controla estructuras institucionales, habla desde la Moncloa y tiene la obligación superior de preservar la limpieza democrática es el Gobierno actual. Y gobernar no concede más excusas; concede más responsabilidad. Mucha más. Precisamente porque la corrupción es transversal y puede surgir en cualquier lugar, quien tiene el poder tiene el doble deber de perseguirla y el triple deber de no ampararla. Sin embargo, da la sensación de que en España hemos desarrollado una curiosa doctrina política según la cual determinadas conductas dejan de ser escandalosas cuando afectan a los propios. Entonces ya no hablamos de corrupción: hablamos de contexto. Hablamos de bulos. Hablamos de campañas. Hablamos de persecuciones. Hablamos de lawfare. Hablamos de conspiraciones. Hablamos de jueces. Hablamos de medios. Hablamos de todo excepto del asunto principal.

Y eso es precisamente lo que vuelve especialmente inquietante el momento actual. Porque el problema no es un auto judicial concreto. El problema no es siquiera lo que finalmente termine probándose o no probándose en una investigación determinada. El problema es el patrón. Siempre el patrón. Porque uno puede aceptar una casualidad. Incluso dos. Puede aceptar un nombre aislado. Puede aceptar errores individuales. Lo que empieza a costar aceptar es una secuencia continua de episodios donde las explicaciones parecen venir redactadas antes incluso de conocerse los hechos. Primero no existe nada. Después es un bulo. Más tarde aparece documentación. Luego se minimiza. Después llegan indicios. Después se acusa a quienes investigan. Después se habla de persecución política. Después se pide prudencia. Después se cambia de tema. El procedimiento parece tan conocido que casi podría imprimirse y repartirse como manual de supervivencia política.

Y ahí es donde aparece el verdadero elefante en la habitación: el PSOE arrastra ya demasiada historia para permitirse pedir fe ciega. No hablamos de rumores. No hablamos de hilos de redes sociales. No hablamos de conspiraciones de tertulia nocturna. Hablamos de casos judiciales reales, sentencias, investigaciones y episodios que forman parte de la historia política española. Filesa. Roldán. ERE. Y otros tantos capítulos que dejaron algo más profundo que condenas o titulares: dejaron una erosión acumulativa de credibilidad. Porque las organizaciones políticas tienen memoria, aunque a veces hagan grandes esfuerzos por fingir amnesia selectiva. Y cuando una formación acumula suficientes antecedentes, aparece un fenómeno muy humano: deja de sorprender. Y ese quizá sea el síntoma más peligroso de todos. Cuando la sociedad deja de escandalizarse y empieza simplemente a suspirar con cansancio.

Porque quizá el problema no sea la corrupción. Quizá el problema sea la normalización de la corrupción. El acostumbramiento. El paisaje. La sensación de que determinadas noticias ya forman parte del decorado habitual y únicamente discutimos intensidad y no naturaleza. Y eso explica parte de la inquietud que generan determinadas investigaciones recientes. No porque constituyan una condena; un auto no es una sentencia y conviene repetirlo cien veces si hace falta. Pero tampoco es una servilleta escrita durante un café. Un juez no autoriza diligencias invasivas porque una mañana se levante con inspiración literaria. Un juez necesita indicios racionales. Necesita justificar medidas. Necesita explicar proporcionalidad. Necesita motivar. Y precisamente por eso algunos intentan reducirlo todo a una caricatura donde cualquier actuación judicial que incomoda al propio bando pasa a ser automáticamente sospechosa.

Y es aquí donde el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero introduce una dimensión especialmente incómoda. Porque durante años Zapatero ha ocupado una posición casi singular dentro de la política española. Una especie de figura situada en una extraña zona de inmunidad pública. Una presencia permanente, transversal, diplomática, influyente y al mismo tiempo aparentemente situada por encima del barro cotidiano. Un expresidente convertido casi en actor internacional paralelo, con movimientos, relaciones y contactos que muchas veces parecían existir en una esfera propia. Y precisamente por eso resulta tan llamativo que determinadas investigaciones, determinados indicios y determinadas conexiones parezcan acercarse peligrosamente a un entorno hasta ahora prácticamente blindado. No porque eso pruebe nada por sí mismo. No porque equivalga a culpabilidad. Sino porque obliga a formular preguntas que hasta hace poco parecían intocables.

Y ahí aparece la pregunta verdaderamente incómoda: si determinadas figuras han mantenido durante años semejante peso político, semejante presencia pública y semejante influencia informal dentro del ecosistema socialista, ¿de verdad nadie sabía nada? ¿De verdad nadie veía nada? ¿De verdad toda gran organización política española vive rodeada permanentemente por personas que actúan, se relacionan y se mueven en círculos de enorme influencia sin que nadie tenga jamás la menor sospecha? Porque esa explicación empieza a exigir una fe casi religiosa. Y quizá el problema del actual Gobierno sea precisamente ese: lleva demasiado tiempo pidiendo actos de fe. Fe sobre socios. Fe sobre decisiones. Fe sobre cambios de criterio. Fe sobre escándalos. Fe sobre nombres. Fe sobre investigaciones. Fe sobre casualidades.

Y las casualidades, como los accidentes, existen. Claro que existen. Pero llega un momento en que demasiadas casualidades empiezan a parecer una estructura. Demasiadas coincidencias empiezan a parecer un patrón. Demasiadas explicaciones automáticas empiezan a parecer un mecanismo defensivo. Y demasiadas veces el humo empieza a obligar a preguntarse si realmente no hay fuego en alguna parte.

Porque quizá esa sea la verdadera cuestión. El problema nunca ha sido únicamente quién mete la mano. El problema es quién mira hacia otro lado. El problema es quién minimiza. Quién relativiza. Quién convierte la exigencia ética en una negociación ideológica. Porque cuando un Gobierno exige ejemplaridad para todos excepto para sí mismo, deja de ser un problema judicial y empieza a convertirse en un problema moral. Y ahí ya no basta con decir «presuntamente». Ahí ya no basta con señalar al pasado. Ahí ya no basta con buscar pecados ajenos.

Porque puede que el auto acabe demostrando mucho. Puede que demuestre poco. Puede incluso que determinadas hipótesis terminen cayéndose. Es posible. Así funciona un Estado de Derecho. Pero hay algo que ya resulta difícil discutir: el PSOE lleva demasiado tiempo creyendo que la mejor defensa consiste en convencer a la sociedad de que mirar es el verdadero problema. Y quizá haya llegado un punto en el que la pregunta ya no sea qué sabía Sánchez, qué sabía Zapatero o qué sabía nadie. Quizá la pregunta sea mucho más simple y mucho más devastadora: ¿cuántas veces más puede una democracia escuchar la misma música antes de reconocer la melodía?